El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, afirmó que las recientes amenazas del presidente estadounidense Donald Trump contra la infraestructura civil iraní son “contraproducentes”.

“No es útil porque no es necesaria una mayor acción militar”, declaró Luxon a la emisora ​Radio New Zealand. “Creo que, en definitiva, debemos centrarnos en evitar que este conflicto se extienda aún más”, subrayó el mandamás neozelandés

“Recibimos amenazas del presidente durante el fin de semana. Cualquiera de esas acciones, incluyendo el bombardeo de puentes, embalses e infraestructura civil, también sería inaceptable”, cerró Luxon.

El grupo terrorista afirmó en una nueva publicación en redes sociales que lanzó una andanada de cohetes en la madrugada contra las ciudades de Metula y Kfar Yuval, en el norte de Israel, señaló la cadena Al Jazeera.

La unidad de protección civil del ejército israelí había emitido previamente advertencias a los residentes de las ciudades, y posteriormente afirmó que la amenaza había pasado.

La líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió cuestionó al gobierno de Javier Milei y sus figuras centrales, incluido el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

“¿Quién es Adorni? Nadie sabe”, afirmó la ex legisladora durante una entrevista con Luis Novaresio que se emitió esta noche por A24. Y agregó: “Yo le creo a Hugo Alconada Mon y a Pollicita”.

Sus declaraciones se conocieron el mismo día en que el fiscal Gerardo Pollicita solicitó nuevas medidas de prueba en la causa contra el funcionario para determinar en detalle cuáles fueron los viajes de Adorni y su familia y cuánto pagaron por ellos, y para conocer todos los gastos en los que incurrieron para determinar si están justificados con los ingresos del matrimonio.

Pollicita pidió a Migraciones, aeropuertos y compañías aéreas precisiones de las salidas del país del jefe de Gabinete y su mujer, Bettina Angeletti, para averiguar el destino final de sus viajes, las condiciones en las que volaron y quién pagó por cada uno de esos tramos.

También solicitó informes completos a los registros de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires y la capital federal, y los consorcios de propietarios de los edificios donde tienen departamentos. Además, el fiscal citó a declarar como testigo al exfutbolista Hugo Morales, que fue titular del departamento de Caballito en el que hoy vive Adorni con su familia.

Más dardos contra el Gobierno

Asimismo, Carrió señaló que la “oscuridad” rodea al entorno del Presidente, y calificó a Milei de “corrupto” por el caso $LIBRA, en el que se investiga una presunta asociación ilícita y estafa tras el hallazgo de un acuerdo secreto de US$5 millones para promocionar la criptomoneda.

“Karina es casta pura, oscura. Es una persona de una oscuridad terrible desde el punto de vista espiritual”, manifestó Carrió. Sobre el Jefe de Estado, dijo: “Yo no sé quién es Milei. Es corrupto y mintió”.

Asimismo, cuestionó el alineamiento de la Argentina con Estados Unidos e Israel en guerra con Irán. “Milei es bufón de Trump. Está mal que seamos bufones de Trump, que tiene la estrategia del loco. No veo bien aliarse con un loco”, expresó extendiendo sus críticas al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a quien calificó como un “psicópata perfecto”.

En ese marco, también señaló que alinearse con EE.UU. e Israel contra Irán “es un disparate”. Sin embargo, que la Argentina ya debería haber cortado relaciones diplomáticas con el país persa antes de la guerra. “Nosotros fuimos víctimas de un estado terrorista”, dijo, en referencia a los atentados sufridos en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y en la Embajada de Israel.

En ese sentido, sostuvo que “el Presidente no está cuidando a la comunidad argetino-judía de la Argentina”. También sostuvo que hay vinculación entre Irán y la muerte de Alberto Nisman.

A la vez, señaló que “mucha gente que tiene cargos públicos en la Argentina tiene todavía una relación con Irán muy poderosa, por ejemplo: el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Mena (Juan Martín); los servicios de inteligencia de la época de Cristina; Milani (César); toda la gente de un sector del kirchnerismo -a partir del pacto con Irán-”.

Durante la última semana, la investigación por el robo de propofol del Hospital Italiano avanzó en paralelo a la conmoción por la muerte de un joven anestesista hallado sin vida en Palermo el 20 de febrero. Lo que empezó como un hallazgo aislado derivó en allanamientos, imputaciones y una causa judicial que intenta reconstruir cómo medicamentos de uso estrictamente hospitalario salieron del circuito legal y aparecieron en domicilios particulares de la ciudad de Buenos Aires.

A medida que la Justicia fue reuniendo pruebas y circularon por redes varios audios sobre el caso, se consolidaron algunas certezas y quedaron abiertas varias preguntas. Hoy hay una causa unificada que investiga la sustracción de los anestésicos y otra, separada, que busca esclarecer las circunstancias de la muerte de Alejandro Zalazar. Entre ambas, emergen puntos de contacto, trayectos comprobados de los fármacos y zonas grises que aún no tienen respuesta.

LA NACION pudo saber que, por estas horas, se analizan los recorridos del propofol fuera del hospital a fin de conocer la ruta completa y si, el destino final, eran las “propofest”.

La investigación judicial logró reconstruir un primer recorrido concreto de los anestésicos que salieron del Hospital Italiano de Buenos Aires y que dieron origen a una de las causas más sensibles de las últimas semanas. Según confirmaron fuentes de la Justicia a LA NACION, hoy está probado un trayecto que une al hospital con dos domicilios particulares de la ciudad de Buenos Aires donde se realizaron allanamientos y se encontraron parte de los medicamentos sustraídos.

El punto de origen identificado es el Hospital Italiano, ubicado sobre la calle Teniente General Juan Domingo Perón al 4190. Desde allí, siempre según la investigación, el propofol y otras drogas de uso intrahospitalario habrían salido del circuito médico regular para ser trasladadas a al menos dos viviendas particulares. Ambas se encuentran en la ciudad de Buenos Aires y fueron allanadas en el marco del expediente que investiga la sustracción de los fármacos.

Los domicilios allanados están ubicados en Cabrera al 4700 y en la avenida Pueyrredón al 2400. En esos procedimientos, ordenados por la Justicia, se secuestraron medicamentos anestésicos y otros insumos médicos que son clave para lograr la trazabilidad de las drogas y determinar responsabilidades. Para los investigadores, esos hallazgos confirman que los fármacos robados no quedaron dentro del ámbito hospitalario.

En este trazado también aparece un punto que la Justicia incorporó como referencia, aunque no como parte probada de la ruta de distribución: el departamento de la calle Juncal al 4622, en Palermo, donde fue hallado muerto el anestesista Alejandro Zalazar. En ese lugar se encontraron anestésicos de uso intrahospitalario cuya procedencia fue vinculada al Hospital Italiano, pero los investigadores aclaran que, por ahora, no está acreditado que ese domicilio haya sido un destino habitual del circuito de traslado.

Así, hasta el momento, la ruta del propofol confirmada judicialmente se limita a un origen institucional y a dos destinos concretos donde se recuperaron los medicamentos. El recorrido completo, la cantidad exacta de fármacos sustraídos y si existieron otros puntos intermedios o finales continúan bajo investigación y forman parte de las medidas que la Justicia todavía tiene en curso.

Los allanamientos ordenados por la Justicia comenzaron el 13 de marzo y permitieron identificar dos domicilios particulares de la ciudad de Buenos Aires donde se encontraron medicamentos anestésicos que habían salido del Hospital Italiano. Esos procedimientos fueron claves para confirmar que los fármacos no permanecieron dentro del circuito hospitalario y para empezar a reconstruir qué pasó con ellos una vez sustraídos.

Según pudo saber LA NACION, uno de los operativos se realizó en una vivienda ubicada en Cabrera al 4700. Allí, los investigadores secuestraron ampollas de anestésicos y distintos insumos médicos, elementos que resultan determinantes para establecer la trazabilidad del propofol y de otras drogas de uso intrahospitalario. El hallazgo fue incorporado al expediente como prueba material del desvío de los medicamentos.

El segundo allanamiento tuvo lugar en un domicilio situado sobre la avenida Pueyrredón al 2400. En ese lugar, según confirmaron fuentes judiciales, también se encontraron fármacos y material vinculado a su administración. Para los investigadores, la presencia de estos elementos en viviendas particulares refuerza la hipótesis de una salida irregular y organizada de los anestésicos.

En ambos casos, los procedimientos permitieron recuperar solo una parte de los medicamentos que habrían sido sustraídos. La Justicia investiga ahora si existieron otros puntos de acopio, si los fármacos fueron trasladados entre distintos domicilios y cuál fue el destino final del resto del material que no fue hallado durante los allanamientos.

Por el momento, lo que está acreditado es que los anestésicos robados del Hospital Italiano llegaron al menos a esos dos domicilios particulares. La reconstrucción completa del recorrido, la cantidad total de propofol sustraída y el uso que se les dio a los medicamentos forman parte de las líneas de investigación que continúan abiertas.

El hallazgo del cuerpo del anestesista Alejandro Zalazar en su departamento de Palermo se convirtió en un punto clave de la investigación, aunque la Justicia es cuidadosa en cómo lo incorpora dentro de la reconstrucción de la ruta del propofol. En el domicilio ubicado en la calle Juncal al 4622 se encontraron anestésicos de uso intrahospitalario cuya procedencia fue vinculada al Hospital Italiano, el mismo establecimiento desde donde salieron los medicamentos que hoy forman parte de la causa por sustracción.

Ese dato permitió a los investigadores conectar ambos expedientes, pero con una aclaración central: el departamento de Zalazar es considerado, por ahora, un lugar de hallazgo y no un destino probado dentro del circuito clandestino de traslado de los fármacos. A diferencia de los otros domicilios allanados, no hay elementos que acrediten que ese inmueble haya funcionado como punto de acopio o distribución.

La trazabilidad realizada por los peritos estableció que los medicamentos encontrados junto al cuerpo de Zalazar pertenecían al Hospital Italiano. Ese fue el nexo objetivo que dio origen a la causa por el robo de anestésicos y que motivó los primeros procedimientos judiciales. Sin embargo, la Justicia mantiene separadas las conclusiones sobre el origen de los fármacos y las circunstancias de la muerte del médico.

En términos procesales, la muerte de Zalazar sigue siendo investigada como una averiguación de muerte dudosa, con pericias médicas y toxicológicas aún en análisis. La causa por la sustracción del propofol, en cambio, se enfoca en establecer cómo los medicamentos salieron del hospital y por qué medios llegaron a domicilios particulares, sin que hasta ahora se haya acreditado que el departamento de Palermo formara parte regular de esa ruta.

Así, el punto en común entre ambos hechos no es un trayecto confirmado, sino un elemento compartido: los anestésicos provenientes del Hospital Italiano. La definición del vínculo final entre el circuito clandestino de los fármacos y la muerte del anestesista es uno de los aspectos que la Justicia todavía busca esclarecer.

Alejandro “Alito” Zalazar: Tenía 32 y se desempeñaba como anestesista. Fue hallado muerto el 20 de febrero en su departamento de la calle Juncal al 4622, en Palermo. En su vivienda se encontraron anestésicos de uso intrahospitalario cuya procedencia fue vinculada al Hospital Italiano. Su fallecimiento es investigado en una causa por averiguación de muerte dudosa, separada del expediente que indaga la sustracción de los fármacos.

Hernán Boveri: Es anestesiólogo de planta del Hospital Italiano y uno de los dos profesionales imputados en la causa por el robo de propofol y otros anestésicos. La Justicia investiga su presunta participación en la salida irregular de los medicamentos del hospital. Fue apartado de su cargo y tiene prohibido salir del país mientras avanza la investigación.

Delfina “Fini” Lanusse: Era residente de tercer año en el área de anestesiología del Hospital Italiano y también está imputada en la causa por la sustracción de los fármacos. Al igual que Boveri, fue desvinculada de la institución y quedó alcanzada por medidas restrictivas dispuestas por la Justicia, entre ellas la prohibición de contacto con el otro imputado.

Chantal “Tati” Leclercq: Es residente del tercer año de anestesiología del Hospital Bernardino Rivadavia. Su nombre aparece en el expediente a partir de una ampliación de denuncia incorporada por una asociación profesional, donde relató vínculos personales y episodios de consumo que conectan a Zalazar con Lanusse. No está imputada ni figura como acusada en ninguna de las dos causas, pero su testimonio es considerado un elemento relevante para comprender el entramado personal entre algunos de los protagonistas.

En los primeros días de la investigación, el desvío de propofol y otros anestésicos del Hospital Italiano dio lugar a dos expedientes judiciales paralelos. Uno se originó a partir de la denuncia presentada por la propia institución médica; el otro, en una presentación realizada por la Asociación de Anestesistas, que aportó información adicional sobre la salida irregular de los fármacos.

Ambas causas avanzaban sobre el mismo eje: cómo medicamentos de uso intrahospitalario habían salido del circuito legal y aparecido en domicilios particulares. Con el correr de las medidas de prueba, la Justicia advirtió que los hechos investigados, los protagonistas y la trazabilidad de los fármacos eran coincidentes, por lo que resolvió unificar los expedientes en una sola causa.

La decisión apuntó a centralizar la investigación, evitar duplicación de peritajes y permitir una reconstrucción ordenada del circuito clandestino del propofol. A partir de la unificación, la causa por el robo de anestésicos quedó en manos del juez Javier Sánchez Sarmiento, quien concentra todas las actuaciones vinculadas a la sustracción, traslado y hallazgo de los medicamentos fuera del ámbito hospitalario.

Desde el punto de vista procesal, la unificación no alteró las imputaciones ya dispuestas ni modificó el objeto central del expediente, que sigue enfocado en determinar responsabilidades penales por la salida irregular de los fármacos del Hospital Italiano. La investigación avanza sobre la trazabilidad de los anestésicos, los roles de los profesionales involucrados y el posible uso que se les dio fuera del ámbito médico autorizado.

En paralelo, la muerte del anestesista Alejandro Zalazar continúa siendo investigada en una causa aparte, bajo la figura de averiguación de muerte dudosa. Aunque ambos expedientes comparten elementos de contexto, como el origen de los medicamentos, la Justicia mantiene separadas las líneas de investigación mientras continúa produciendo prueba en cada una.

Aunque la Justicia ya logró reconstruir parte del recorrido clandestino de los anestésicos y unificó las causas vinculadas a su sustracción, el expediente todavía tiene varios puntos abiertos. Uno de los principales es determinar la cantidad exacta de propofol y otros fármacos que salieron del Hospital Italiano y durante cuánto tiempo se habría extendido esa maniobra.

Otro eje central es establecer el destino final de los medicamentos que no fueron recuperados en los allanamientos. Los investigadores buscan definir si existieron otros domicilios involucrados, si los fármacos fueron trasladados entre distintos puntos o si parte del material fue consumido sin dejar rastros físicos que puedan ser peritados.

La investigación también apunta a precisar los roles individuales dentro del circuito del robo. Si bien hay dos profesionales imputados, la Justicia intenta determinar cómo era el acceso a los anestésicos, qué controles internos fallaron y si existieron más personas que, sin estar imputadas, facilitaron o conocieron la salida irregular de los medicamentos del hospital.

En paralelo, continúan las pericias técnicas y documentales. Se analizan registros de stock, movimientos de insumos hospitalarios, comunicaciones entre los involucrados y distintos elementos secuestrados durante los procedimientos judiciales. Ese cruce de información es clave para sostener o descartar nuevas medidas procesales.

Por último, aunque la causa por la muerte de Alejandro Zalazar se tramita en un expediente separado, los investigadores siguen atentos a eventuales puntos de contacto que puedan surgir a medida que avance la prueba. La definición de si existió o no un vínculo más profundo entre la ruta clandestina del propofol y ese fallecimiento es uno de los interrogantes que, por ahora, permanece abierto.

La investigación por la sustracción de propofol y otros anestésicos del Hospital Italiano quedó concentrada en una única causa judicial luego de que la Justicia resolviera unificar dos expedientes que avanzaban en paralelo. Uno había sido iniciado a partir de la denuncia presentada por la propia institución médica; el otro surgió de una presentación realizada por la Asociación de Anestesistas, que aportó información adicional sobre la salida irregular de los fármacos.

Ambas causas tenían el mismo objeto: determinar cómo medicamentos de uso estrictamente intrahospitalario salieron del circuito legal y aparecieron en domicilios particulares. Compartían además protagonistas, pruebas documentales y líneas de investigación similares. Frente a ese escenario, los investigadores consideraron que mantenerlas separadas implicaba duplicar peritajes y correr el riesgo de decisiones procesales contradictorias.

Con la unificación, la causa por el robo de propofol quedó enfocada exclusivamente en la sustracción, el traslado y el hallazgo de los anestésicos, así como en las responsabilidades penales derivadas de esos hechos. En ese expediente están imputados los profesionales señalados por la salida irregular de los medicamentos, quienes quedaron alcanzados por medidas restrictivas mientras avanza la investigación.

Desde el punto de vista judicial, la decisión de unificar busca ordenar la prueba y darle coherencia al expediente. La concentración de toda la investigación sobre el robo en una sola causa permite analizar de manera integral la trazabilidad del propofol, los controles internos del hospital y los roles de cada imputado, sin mezclar ese análisis con otros hechos que tienen un objeto procesal distinto.

La muerte de Alejandro Zalazar es investigada en un expediente judicial distinto al que analiza el robo de propofol del Hospital Italiano porque el objeto de esa causa es determinar las circunstancias del fallecimiento de una persona, un tipo de investigación que requiere criterios y pruebas diferentes a las de un delito patrimonial o administrativo.

En ese expediente, la Justicia busca establecer cómo murió el anestesista, qué ocurrió en las horas previas al hallazgo del cuerpo y si existió una causa natural, un consumo indebido de sustancias o la intervención de terceros. Para ello, el eje de la investigación está puesto en las pericias médicas y toxicológicas, la reconstrucción del contexto personal y los elementos encontrados en el departamento donde fue hallado sin vida. “Estamos trabajando, tratando de armar el rompecabezas”, dijo ayer a LA NACION un investigador que detalló que aún esperan el resultado de las pruebas toxicológicas.

Si bien en la vivienda de Zalazar se encontraron anestésicos de uso intrahospitalario cuya procedencia fue asociada [no confirmada] al Hospital Italiano, ese dato por sí solo no alcanza para unificar la investigación con la causa por el robo de propofol. Desde el punto de vista judicial, compartir un elemento de contexto no implica necesariamente que ambos hechos conformen un mismo delito o una misma maniobra criminal.

La Justicia no descarta que, si surgen pruebas nuevas, ambas investigaciones puedan converger en algún punto. Para que eso ocurra, deberá acreditarse de manera objetiva una relación directa entre los fármacos sustraídos y el fallecimiento del anestesista. Hasta que esa conexión no esté probada, la estrategia judicial es avanzar con dos causas separadas, cada una con su propio objeto probatorio y sus propios tiempos procesales.

La abogada santiagueña Agostina Páez opinó este lunes por la noche sobre el video que se filtró de su padre, Mariano Páez, haciendo gestos de mono y jactándose de ser un “empresario, millonario, usurero y narco privado”. “Lo que hizo es un horror, una vergüenza“, expresó la joven 29 años, que pasó cas tres meses en Río de Janeiro acusada por la Justicia brasileña por haber realizado gestos similares a la salida de un bar.

Consultada sobre la filtración del video, Páez señaló: “El día del video en donde se lo ve a mi padre haciendo esos gestos... Yo apenas había llegado a la Argentina”. “Casi me muero [al verlos]. Fue una vergüenza total“, reconoció la abogada.

En las últimas horas, a raíz de la difusión del video, la querella citó en el expediente el clip viral de Mariano Páez, con el objetivo de justificar una indemnización mayor para las víctimas. Las imágenes fueron utilizadas para reclamar a la familia un resarcimiento de poco más de US$150.000, según los alegatos finales presentados este lunes y a los que tuvo acceso LA NACION.

“No entiendo cómo, sabiendo lo mal que lo pasé, él mismo haga eso”, relató Páez en diálogo con el periodista Diego Sehinkman en TN. Luego, al realizar una semblanza de su padre, manifestó: “Mi papá estaba borracho, eso es algo habitual en él”.

En el intercambio, la abogada reconoció que su padre “tiene muchos enemigos” y que muchas veces ella actuó como si fuera su madre. “No vengo de una familia racista, pero es mi padre, y es lo que me tocó”, remató la mujer santiagueña.

“No soy millonaria”

En otro tramo de la entrevista, Páez hizo alusión a su situación económica. “Yo no soy millonaria, trabajo de forma independiente”, indicó. Respecto a su padre, apuntó: “Él tiene una empresa de colectivos en La Banda, una empresa chica a la que ahora le va muy mal”.

Al hacer un análisis retrospectivo de sus gestos racistas, Páez dijo: “Recapacité y me di cuenta que estuve mal. Es más, hasta me puse a estudiar el contexto histórico de Brasil”.

Luego marcó que la actitud de sus compatriotas ante su detención en Río de Janeiro, la sorprendió. “La reacción de los argentinos me llama un poco la atención, veo que hay mucha hipocresía que salieron a atacarme diciéndome cosas aún más graves de lo que fueron mis gestos”, señaló.

“Desde que el día que me detuvieron que estoy con tratamiento psicológico, tratando de sobrellevar todo esto. Sigo mal, pero tratando de tomarlo con mas calma”, confesó Páez.

Un bar con reseñas negativas

Más adelante, la joven de 29 años habló sobre las “reseñas negativas” del bar de Río de Janeiro en donde se enfrentó con los trabajadores, quienes le achacaban que no había pagado la cuenta completa, pese a que Páez aseguró que sí lo había hecho.

“Luego de mi detención, con mi abogada nos pusimos a ver las reseñas de Google y vimos que había más de 100 comentarios de gente a la que también le quisieron cobrar de más“, relató Páez.

La abogada aseguró que “en los videos de las cámaras de seguridad del lugar no se me ve hablando con nadie: yo estaba enojada pero no estaba alterada”.

En referencia a las amigas de Páez, a quienes también se las ve en la grabación, la abogada sostuvo: “Ellas jamás me juzgaron por todo lo ocurrido, es más, me cuidan y no me señalan”.

La situación legal de Páez

La abogada de Agostina Páez, Carla Junqueira, analizó el impacto de los gestos racistas del padre de su clienta, que se conocieron en el marco de un video que se hizo viral, y admitió “estar preocupada”.

En el video que comenzó a circular el fin de semana, el empresario Mariano Páez realizó gestos similares a los de un mono, los mismos por los que la santiagueña de 29 años fue imputada y detenida.

Consultada sobre los efectos que esto puede tener en la causa, sostuvo en LN+: “Estoy preocupada, porque eso no debería impactar en el caso, pero sabemos que va a ser usado por la querella para pedir un aumento de pena”.

Si bien en otro tramo de la entrevista aclaró que este material “no debería” ser incluido o utilizado, porque “está cerrada la fase probatoria”, no dudó de que lo van a hacer. “La querella va a usar esto; se van a prender de cualquier cosa para pedir más”.